Por MANUEL GRULLON (Papin)
Por mandato expreso del artículo 126 de la Constitución dominicana, el próximo 16 de Agosto tendrá lugar la juramentación del nuevo presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, electos en el pasado proceso electoral del día 5 de Julio.
El nuevo gobierno estará abocado a enfrentar grandes retos, en virtud de que asume la dirección del Estado en un contexto caracterizado por una crisis sanitaria global que ha impactado, de manera negativa, en las principales fuentes de crecimiento económico, como el turismo, zonas francas, las exportaciones, las recaudaciones y en menor medidas las remesas, sin mencionar las precariedades económicas que venimos arrastrando por décadas, que son propias de estas economías donde el Neoliberalismo es la receta que nos han impuesto.
En el plano social la situación no es menos compleja y difícil el nuevo gobierno asume la dirección del Estado en un escenario social caracterizado por una debilidad institucional producto de un proceso de descomposición a las que han sido sometidas nuestras instituciones, una corrupción institucionalizada, un impunidad convertida en regla general donde las leyes han sido sustituidas por las componendas entre negociantes y rufianes que han puesto los intereses particulares por encima del interés nacional.
En el marco de esa realidad, la inmensa mayoría de la población está exigiendo una Justicia independiente lo que implica en principio el nombramiento de una o un Procurador independiente con el propósito de someter a la justicia los funcionarios de los gobiernos anteriores que se compruebe malversaron recursos públicos, condenarlos y rescatar los bienes sustraídos al Estado.
Ahora bien, pensar que con la designación de un procurador(a) independiente, que no sabemos si será independiente del poder político o independiente del poder económico se va dignificar el comportamiento social es un grave error. Hay que recordar que la corrupción y la impunidad son males que cohabitan en el sector público y en el sector privado, en consecuencia, la lucha contra la corrupción y la impunidad debe estar dirigida a combatir la ausencia de un Ministerio Público con independencia presupuestaria, la ausencia de políticas públicas que fortalezcan la educación en valores, la ausencia de un régimen de consecuencia y la concepción patrimonial del Estado, que ha sido practicada por los últimos gobiernos, sin ningún tipo de consecuencias para aquellos que han saqueado el erario público, han prostituido la justicia y han corrompido la estructura institucional de la sociedad dominicana.
Por tanto, la elección de un Procurador ético, responsable, y equidistante de los poderes políticos y económicos, con autonomía presupuestaria, sería el primer paso, para luego, concertar con todas las fuerzas vivas de la nación una reforma constitucional que permita:
Modificar la composición del Consejo Nacional de la Magistratura, para hacerlo más democrático y equilibrado.
Cambiar la forma de designar los miembros de la Cámara de Cuentas, de manera que sus integrantes no respondan a los intereses del gobierno de turno.
Y cualquier otra modificación que se entienda útil y necesario para garantizar, rescatar las instituciones, detener el despilfarro y saqueo de los recursos públicos y crear en el país un ambiente propicio, para en la práctica, hacer posible un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho, como lo consagra el artículo 7 de nuestra Carta Magna.
JPM
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