SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público reafirmó su compromiso de «hacer todo lo que corresponda» para aclarar si fueron comedidas o no irregularidades en un proceso de compra de 40,000 kits de alimentos en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera infancia (INAIPI), mientras la señora Berlinesa Franco fue directora de esta oficina del Estado.
Advirtió que si se confirma que allí fueron cometidos hechos penales, actuará «conforme lo establecen las leyes de rigor», ya que los mismos constituirían una violación a la Ley No. 340-06 de Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones».
Los criterios en este sentido están contenidos en un documento de prensa que la Procuraduría General de la República emitió la noche de este viernes, luego de que la señora Franco fuera interrogada durante siete horas en la Fiscalía del Distrito Nacional .
La exfuncionaria llegó a las 9:50 de la mañana al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva acompañada de su abogada Emely Rodríguez y permaneció allí hasta poco despues de las 5 de la tarde. En el interrogatorio estuvieron la fiscal Rosalba Ramos, y los fiscales adjuntos Karina Concepción y Elvira Rodríguez así como Narciso Escaño, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
La Fiscal Ramos dijo que la exdirectora no había sido interrogada antes debido a la pandemia de COVID-19, la cual ha tornado más lentos los trabajos en las distintas instancias judiciales dominicanas
“El Ministerio Público es independiente, las investigaciones se realizan en el momento que sean pertinentes y este es el momento que se consideró adecuado para realizar esta entrevista”, expresó.
No descartó la posibilidad de interrogar de nuevo a Berlinesa. Dijo que ello se decidirá luego de que sean analizados los documentos que ella ha presentado los restimonios que ha ofrecido.
Asimismo, la magistrada Ramos manifestó que se está a la espera de que la Cámara de Cuentas suministre otros datos que han sido requeridos, los cuales no estaban detallados en el informe que anteriormente se remitió al Ministerio Público.
Franco renunció a la dirección de Inaipi horas después de que el entonces consultor jurídico del pasado gobierno, Flavio Darío Espinal, anunciara la destitución de siete funcionarios involucrados en el presunto acto de corrupción, entre ellos Juan López, subdirector general de Gestión Institucional; Ramona Hernández, directora Administrativa y Financiera; Alberto José Patxot, director de Planificación y Desarrollo; Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico; Clementina Pieter, responsable de acceso a la información pública de esa entidad; Ricardo José Guzmán Domínguez, director de Operaciones, y Mayra Martínez de la Rosa, encargada del Departamento de Compras.
Por el caso fueron interrogados hace varias semanas la exencargada del Departamento de Compras, Maira Martínez de la Rosa, y la encargada del Departamento de Administración, Elena Rosario y el exencargado del Departamento de Abastecimiento y Suministro, Eduardo Suero Poche.Otras personas que están o han estado vinculadas al INAIPI también podrían ser llamadas a interrogatorio.
De igual forma, el pasado 17 de abril de 2020, la Fiscalía recibió formalmente las declaraciones del empresario Pablo Cabrera, director de la compañía La Z, S.R.L, sobre la denuncia de las presuntas irregularidades en INAIPI. Se recuerda que Cabrera realizó una denuncia pública a través de un programa televisivo, manifestando los actos de corrupción que presuntamente estaban aconteciendo en el referido proceso de licitación.
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