El fallo judicial emitido este martes da 90 días al Departamento de Seguridad Nacional para justificar por qué puso final a ese programa de alivio a las deportaciones de jóvenes indocumentados y, concluido ese plazo, le obliga a aceptar nuevas solicitudes de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia).
“Creemos que el fallo de este juez es extraordinariamente amplio e incorrecto en (su interpretación de) la ley. Lo peor es que crea un incentivo para que vengan más jóvenes indocumentados, y hace que esperen que se les apliquen políticas judiciales similares”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders.
“Esta decisión es una buena noticia para las organizaciones traficantes de personas y redes criminales, y es una noticia horrible para nuestra seguridad nacional”, agregó.
La portavoz insistió en que DACA “es ilegal” porque “viola la ley federal”, y pidió de nuevo al Congreso que “haga lo que les ha pedido” el presidente estadounidense, Donald Trump, y “arregle este problema”.
Por su parte, el Departamento de Justicia aseguró que está preparado para defender en “futuros litigios” su “autoridad legal” para acabar con el programa DACA, pero no aclaró si planea recurrir el fallo emitido este martes por el juez John D. Bates de la corte federal de la capital, Washington.
“El Departamento de Seguridad Nacional actuó dentro de su autoridad legal al decidir cancelar DACA de una forma ordenada. Promover y hacer cumplir las leyes es vital para proteger a la nación, sus fronteras y ciudadanos”, afirmó a Efe un portavoz del Departamento de Justicia que pidió el anonimato.
“El Departamento de Justicia continuará defendiendo su posición, y está deseando poder reivindicar su posición en futuros litigios”, añadió el vocero, que no dio detalles sobre la estrategia legal del Gobierno.
Trump determinó que el plan DACA, proclamado en 2012 por su antecesor Barack Obama, debía expirar el 5 de marzo si el Congreso no llegaba a un acuerdo sobre inmigración, pero esa decisión no pudo entrar en vigor por orden de dos jueces, uno de Nueva York y otro de California.
Esos jueces obligaron al Gobierno de Trump a mantener vivo el programa, pero establecieron que solo podrían renovar su permiso aquellos inmigrantes que ya se hubieran beneficiado anteriormente.
Actualmente se benefician de DACA unos 690.000 jóvenes, conocidos como “soñadores” y que, gracias a ese plan, pueden trabajar y están protegidos de la deportación.
En su fallo de este martes, el juez de Washington consideró que la decisión de acabar con DACA fue “arbitraria y caprichosa” y, por eso, determinó que el Gobierno tiene 90 días para apelar y, concluido ese plazo, el Departamento de Seguridad deberá aceptar nuevas solicitudes.
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