Los beneficios económicos que reciben del Estado los funcionarios es tema de conversación cada vez que se asoma al ojo público un aumento o pensión. Pero, como si de una festividad se tratara, el asunto sale de la palestra y no se vuelve a tocar hasta que algún escándalo lo hace resurgir y se reinicia el ciclo.
Es por esto no debe sorprender el escándalo que recientemente se armó por la aprobación en la legislatura pasada de un aumento de RD$70,000 al salario de los senadores que en lo adelante será de RD$320,000 mensuales.
Y es que la distribución de dinero del Estado, cuando de beneficiar a funcionarios se trata, siempre ha sido motivo de cuestionamientos.
Así fue en agosto 2012 cuando el entonces superintendente de bancos, Haivanjoe Ng Cortiñas, fue pensionado con 651 mil pesos mensuales en la víspera de su destitución para asumir como contralor general de la República.
Para finales de septiembre, y en medio de las críticas Cortiñas renunció a la pensión que, según él, le asignó la Junta Monetaria y no él mismo como decía la prensa.
En medio de ese alboroto se supo que seis exjueces de la Junta Central Electoral estaban pensionados, mientras ejercían en otras instituciones, con montos que superaban los 800 mil pesos mensuales.
La más alta de esas pensiones era la del expresidente de la institución, Julio César Castaños Guzmán, con RD$205,798.32 mensuales. Seguido de Mariano Rodríguez RD$146,998.00. Además de Luis Arias (RD$159,250.00), Leyda Margarita Peña (RD$125,000.00), John Guiliani (RD$125,000.00) y Roberto Rodríguez Estrella con (RD$97,500). Luego del destape Castaños Guzmán y Rodríguez renunciaron al subsidio.
Para el 21 de octubre de 2012 el presidente Danilo Medina destituyó a Ng Cortiñas y emitió el decreto 616-12ordenando a la Contraloría General de la República suspender los aportes de dinero público para fondos de pensiones o planes complementarios a empleados por parte de instituciones del Estado ajenas a la Superintendencia de Pensiones.
En junio de este año las pensiones volvieron a ser tema de conversación al saberse que los senadores acogieron un proyecto –que está pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados- para modificar la Ley 340-98 que creó el Instituto de Previsión Social del Congresista Dominicano (Inprescondo) para aumentar de un 10 a un 12% los aportes que recibe su fondo de retiro por parte de los senadores de nuevo ingreso.
La opinión pública no tomó a bien la movida que busca garantizar mejores pensiones para los congresistas mientras miles de dominicanos carecen de jubilación y otros reciben montos ínfimos.
El escándalo más reciente es el aumento de RD$70,000 al salarios de los senadores, que fue aprobado durante la legislatura pasada y está siendo criticado por sectores que entienden que la decisión es abusiva, ilegal y poco ética.
Quienes condenan el aumento apelan al artículo 114 de la Constitución que “ninguna institución pública o entidad autónoma que maneje fondos públicos establecerá normas o disposiciones tendentes a incrementar la remuneración o beneficios a sus incumbentes o directivos, sino para un período posterior al que fueron electos o designados”.
Y de hecho fue así, el aumento fue aprobado por la legislatura 2012-2016 pasada para beneficiar a la 2016-2020, solo que, en su mayoría, los senadores fueron reelectos.
La discusión tomó un giro burlesco cuando la senadora por Dajabón, Sonia Mateo, tratando de justificar el “aumentico”, dijo que el sueldo que recibe en el Congreso no le alcanza ni para comprar “una botellita de agua” y que muchas veces debe pedir dinero prestado porque lo que cobra no le alcanza.
De más está decir que se trató de una exageración porque durante la legislatura pasada el sueldo bruto de los senadores era de RD$250,000, y tras el “aumentico” es de RD$320,000…
(Vale la pena resaltar que en 2010 el sueldo era de RD$125,000 y fue elevado a RD$175,000 para igualarlo al de los diputados. Sin embargo, no fue posible encontrar registro en la prensa de cuándo el salario aumentó a RD$250,000.)
En adición al salario, reciben RD$15, 000 por ir a las comisiones de trabajo; RD$190,000 para el funcionamiento de sus oficinas senatoriales; RD$289,000 para gastos de la oficina del senador en la sede central; y RD$142,500 para la oficina de gestión provincial, según medios locales.
Documentos administrativos de 2015 recientemente difundidos por un programa local dan cuenta de que solo por concepto de combustible uno de estos senadores recibió RD$25,000; RD$6,000 por compensación celular; RD$25,000 por hospedaje; y RD$25,000 por viáticos, para un total de RD$81,000.00 mensuales.
Estos montos ascienden a RD$ 886,500.00 mensuales para cada uno de los 32 senadores.
Además de esto, su condición de legisladores les da derecho también exoneraciones para la importación de vehículos. También cuentan con restaurantes exclusivos, hospedaje en hoteles de la capital, en el caso de los del interior, y para quien presida el Senado hay una tarjeta de crédito con un límite no revelado.
El “barrilito”, un tema aparte
A parte de esto, en 2009 se creó el Fondo de Gestión Social, conocido popularmente como “barrilito”, para los planes de asistencia social que cada senador desarrolla en su provincia.
Estos fondos van desde los RD$420,000 hasta los RD$900,000 o un poco más, dependiendo de la cantidad de habitantes que tenga cada comunidad.
Este miércoles, los senadores del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza y Santiago Zorrilla pidieron que esos fondos sean eliminados del presupuesto “entendiendo que la sociedad necesita nuevas formas de hacer política”. Aseguraron, además, que los RD$70,000 de su aumento lo donarán a las fundaciones que tienen en sus respectivas provincias. No obstantes, Paliza fue seis años diputado y no devolvió ninguno de los beneficios que esta posición conlleva, hasta que fue una decisión de la cámara baja.
Ya en diciembre de 2014 los diputados, por decisión del presidente de la Cámara en ese momento, Abel Martínez, destinaron los 114 millones de pesos de su Fondo de Gestión Social “cofrecito” correspondientes al 2015 a hospitales y centros de salud. En marzo de este año se hizo pública la eliminación definitiva de estos fondos.
Diferencias salariales
Frente a tantos millones, ¿Cuál es la situación de muchos otros empleados? En el caso del Estado el sueldo mínimo se sitúa, según el Ministerio de Administración Pública, en RD$5,117.50.
Para el sector privado, desde julio de 2015 el sueldo mínimo es de RD$7,843.00 , RD$8,850.00 y RD$12,873.00 dependiendo del capital de la empresa.
Comentarios
Publicar un comentario